Madrid reserva hasta el 8 por ciento de la contratación pública para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

La Comunidad de Madrid reservará hasta un 8 por ciento del importe en la licitación de contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud a favor de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y las Empresas de Inserción. Se trata de un porcentaje que se incrementará hasta el 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor del acuerdo que se ha aprobado en Consejo de Gobierno.

El objetivo de la medida es potenciar la actividad que realizan los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y las Empresas de Inserción para que puedan mantener y generar empleo y, con ello, contribuir a la integración laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, se incorpora la posibilidad de que las empresas del ámbito de la Economía Social, fundamentalmente cooperativas y sociedades laborales, puedan acceder de forma prioritaria a determinados proceso de contratación, lo que contribuirá al fomento de la Economía Social en la región.

El citado acuerdo se ha elaborado tras un proceso de consulta con los interlocutores sociales (CCOO Madrid, UGT Madrid y CEIM). También han participado las organizaciones representativas de la Economía Social de la Comunidad de Madrid (cooperativas, sociedades laborales, Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo) y las organizaciones de autónomos.

 

INCLUSIÓN DE CRITERIOS SOCIALES EN LOS PLIEGOS 

En dicho acuerdo se regula también la inclusión de criterios y cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de contratación pública de la Comunidad de Madrid. En este sentido, se determina que dichas cláusulas podrán incorporarse en las distintas fases del contrato.

Así, en la fase de valoración se fomentará que los pliegos en los que se contemple más de un único criterio de adjudicación se tengan en cuenta criterios sociales como la política de nuevas contrataciones, la accesibilidad universal o la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo; la integración de la perspectiva de género; aspectos medioambientales del producto o servicio ofertado como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la eficiencia energética y utilización de fuentes de energía renovables.

Y en la fase de ejecución, se priorizarán también condiciones especiales, como la igualdad; la adopción de medidas de conciliación laboral; la flexibilización y el teletrabajo; la accesibilidad; el compromiso de incorporar en la ejecución de la prestación contratada al menos un determinado porcentaje de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo; o la obligación de la empresa adjudicataria de que, al menos, un determinado porcentaje de la plantilla adscrita a la ejecución del contrato sea indefinida.

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